Tu salud o tu green card: una decisión imposible para los inmigrantes

Durante el juramento de lealtad en una ceremonia de naturalización en la Biblioteca Pública de Nueva York a mediados del año pasado

Tu salud o tu green card: una decisión imposible para los inmigrantes
Drew Angerer/Getty Images

Al revisar mi lista de pacientes de atención primaria, me pregunté quiénes resultarían afectados. Una mujer embarazada de Camerún. Una mujer de edad avanzada con huesos frágiles proveniente de la República Dominicana. Un hombre originario de Ecuador que padece cáncer. La propuesta del gobierno de Donald Trump de negar la green card a personas que usen servicios como asistencia alimentaria y Medicaid amenaza a varios de mis pacientes que tendrán que tomar una decisión preocupante: su salud o su estatus migratorio.

Una “carga pública” es alguien a quien Estados Unidos considera que tiene grandes probabilidades de convertirse en dependiente del gobierno para su subsistencia. El gobierno puede evitar que las cargas públicas ajusten su estatus de alguna categoría de visa (como una visa de trabajo) a un residente permanente (quienes tienen green cards). Por ello, los inmigrantes tienen grandes incentivos para evitar ser designados como cargas públicas.

Históricamente, el gobierno ha designado como cargas públicas solamente a aquellos inmigrantes que reciben asistencia en efectivo de programas como el de Asistencia Temporal Para Familias Necesitadas (TANF) en montos que representen más de la mitad de su ingreso personal.

No obstante, la nueva regla propuesta por el Departamento de Seguridad Interna —fue publicada en el registro federal el 10 de octubre y así se iniciara un periodo de discusión pública de sesenta días— amplía significativamente ese grupo de programas.

Si la regla propuesta es adoptada, programas que son vitales para la salud de mis pacientes, incluido Medicaid, el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP), antes conocido como Programa de Cupones para Alimentos, asistencia para la vivienda y Medicare Parte D (el beneficio de los fármacos con receta), todos contarían para ser designados como una carga pública.

De acuerdo con esto, mi paciente embarazada de Camerún tal vez tendría que decidir si convertirse en una residente permanente es más importante que brindar los nutrientes necesarios para que su hijo que todavía no ha nacido tenga una vida larga. Mi paciente de la República Dominicana tal vez tendría que decidir si convertirse en una residente permanente es más importante que tomar los medicamentos que fortalecerán sus huesos y evitarán una fractura de cadera.

Incluso si mi paciente de Ecuador decide lo impensable, renunciar a Medicaid y la quimioterapia para dejar que el cáncer consuma lentamente su cuerpo, el gobierno federal podría identificar su cáncer como un motivo para negarle el estatus de residente permanente. Esto es debido a condiciones de salud, por sí mismas, también se convertirían en factores de gran peso a considerar en una designación de carga pública conforme a lo indicado por la regla.

Entre las razones mencionadas para el cambio propuesto es que inspirará un incremento en “autosuficiencia”, lo que alimenta el discurso de que aquellos que usan estos programas se vuelven dependientes del gobierno. Esta noción carece de fundamento en los hechos y es dañina para mis pacientes y sus familias. Estos programas de asistencia pública a menudo brindan el portal no solo hacia la salud, también hacia la autosuficiencia económica.

Una investigación publicada en 2012 descubrió que el acceso a los cupones de comida durante la infancia condujo a una reducción significativa en la obesidad, la hipertensión y la diabetes en la edad adulta.

Asistencia para la vivienda a través del programa federal de vales de elección de vivienda, antes conocido como Sección 8, hace la renta asequible y ayuda a las familias a evitar la situación de calle, al poner a los padres en una mejor posición para asegurar un empleo permanente.

Los subsidios para personas de bajos ingresos para Medicare Parte D hacen que los medicamentos sean más asequibles y hay estudios que han demostrado que los costos reducidos de los medicamentos están asociados con mejor adherencia al tratamiento y mejores resultados de salud. Entonces, no debería sorprender a nadie que las personas que toman los medicamentos que les son recetados también pierden menos días de trabajo y tienen menor dependencia en una discapacidad a corto plazo.

El propio Medicaid ha sido asociado con una reducción en la mortalidad, con un estimado reciente que predice una vida salvada al año por cada 239 a 316 que obtienen la cobertura.

Mientras que los beneficios de estos programas de asistencia pública parecen claros, incluso si uno rechazara esta investigación tenemos la obligación moral de ofrecer servicios humanos básicos a los inmigrantes legales. No debemos ocultar la verdad: la regulación dañará físicamente a los inmigrantes. También infligirá dolor a sus hijos, quienes tal vez sean los que más pierdan cuando sus padres sean empujados a renunciar parcialmente a la atención médica, así como a la asistencia para obtener nutrición y refugio. Uno de cada cuatro niños (diecinueve millones en total) en Estados Unidos tiene padres inmigrantes y casi nueve de cada diez de esos niños son ciudadanos.

Incluso sin que la regla entre en vigor, el temor alrededor de ella ha magnificado la calamidad. En dieciocho estados, casi dos tercios de proveedores con licencia del programa federal de nutrición para Mujeres, Infantes y Niños (WIC) ya han reportado haber visto un declive en el número de casos, algunos indican que hasta del 20 por ciento. Si esta regla entra en vigor, se espera que un millón de inmigrantes abandonen Medicaid.

Para ser claros, ningún inmigrante debería abandonar por su propia cuenta los programas de asistencia pública, por lo menos hasta que la regla sea aprobada, y todavía existen varios pasos antes de que pueda volverse una realidad. Y los inmigrantes, incluso con la regla en vigor, todavía recibirían unos míseros doce meses de Medicaid en un periodo de tres años antes de ser designados como carga pública. Sin embargo, este miedo, avivado por nuestro presidente y llevado a cabo por regulaciones brutales, puede causar que los inmigrantes como mis pacientes se alejen de la ayuda gubernamental durante las siguientes décadas.

Durante los debates de 2010 sobre la ley de atención médica, los opositores a ampliar la cobertura con frecuencia hablaban acerca de que la reforma se interponía en la relación entre médico y paciente. Lo que ellos no parecen entender es que mi relación con mis pacientes depende de su capacidad de obtener cobertura como Medicaid. Mi capacidad para recetar medicamentos para tratar enfermedades geriátricas depende de Medicare Parte D. Y mis consejos sobre alimentos saludables se enfrentarán a oídos sordos si la asistencia nutricional es abandonada.

Nuestro gobierno no debería torturar a los inmigrantes más vulnerables de la nación al obligarlos a elegir entre el estatus de su ciudadanía y su salud. Los inmigrantes no deberían tener que renunciar a comida, un techo y atención médica para buscar lograr el sueño americano.