Manual de comportamiento para expresidentes insoportables

La incapacidad de algunos exmandatarios de España de aceptar su jubilación viene en parte de una falta de cultura democrática. Algunos países de Latinoamérica tienen el mismo problema.

Manual de comportamiento para expresidentes insoportables

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MADRID — Celos hacia sus sucesores, intromisión en la política nacional y dificultad crónica para despegarse de lo que consideran suyo. A los expresidentes les cuesta tanto dejar el poder que en España suavizamos su partida con un sueldo vitalicio, despacho con asistente, coche oficial y servicio de seguridad. Y, sin embargo, siguen tan desubicados como cuando Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), los comparó con jarrones chinos: “Se supone que tienen valor y nadie se atreve a tirarlos a la basura, pero en realidad estorban en todas partes”.

El más veterano de los expresidentes españoles y el hombre que lo sucedió, José María Aznar, del Partido Popular (PP), son dos arquetipos de exlíderes incomprendidos. Aunque opuestos ideológicamente, y antiguos adversarios acérrimos, comparten su apego por la intriga política, una irresistible tendencia a aleccionar al país y la vanidad de creer que su tiempo no pasará nunca. El legítimo derecho de los expresidentes a opinar, cuando va acompañado de un intento de seguir influyendo en el rumbo del país, limita la renovación de personas e ideas, alarga personalismos prescindibles y resta dinamismo a las democracias que los padecen.

Los dos principales jarrones chinos de la política española podrían haber escogido el camino contrario de la utilidad. El manual del buen expresidente, que nadie ha escrito, les aconsejaría que se transformaran en estadistas independientes, representaran a su país con dignidad en el exterior y aprovecharan los privilegios de una jubilación pagada por el contribuyente para priorizar los intereses nacionales sobre los personales. En su lugar han vivido una jubilación llena de incoherencias morales: a la vez que seguían medrando en la política nacional, y especialmente en la de sus partidos, cobraban en consejos de administración de empresas que sus gobiernos supervisaron en su día.

Pero quizá nada les une más que su aversión a la autocrítica sobre unas presidencias que impulsaron el desarrollo de España, pero también dejaron el pesado lastre de un modelo económico sostenido en el ladrillo y un turismo de bajo coste, una partitocracia ineficaz que ha parasitado las instituciones y un cultura de la corrupción que terminó con algunos de sus principales colaboradores en prisión.

Todo sería más perdonable, y lo bueno más memorable, si González y Aznar no emplearan tantas energías en hacer oposición a los presidentes que los sucedieron, incluidos los de su propio partido. González impulsó a sus candidatos durante años y hoy es el más efectivo opositor del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de su propio partido, a cuyo gobierno compara con el “camarote de los hermanos Marx”. Aznar escogió para sucederlo a Mariano Rajoy, para después hacerle la vida imposible con constantes críticas a su gestión. Hoy tiene a su delfín, Pablo Casado, como jefe de la oposición y ejerce una influencia decisiva en la estrategia del PP a través de la presidencia de la fundación FAES, un centro de pensamiento vinculado al partido.

La incapacidad de los expresidentes para aceptar su jubilación con más deportividad viene en parte de su ego y en parte de una falta de cultura democrática en España que también existe, y a veces se acentúa, en algunos países latinoamericanos. El empeño de políticos como Álvaro Uribe en Colombia o Rafael Correa en Ecuador por aferrarse al poder, en persona o a través de intermediarios, polariza sus sociedades y obstaculiza el legítimo intento de sus sucesores de seguir su propio camino. Mientras Correa sabotea a Lenín Moreno desde Bélgica —una tarea que el presidente ecuatoriano hace sencilla con su gestión—, el senador Uribe se ha convertido en una presencia tóxica y permanente en la política colombiana.

Los liderazgos personalistas iberoamericanos a menudo evolucionan hacia movimientos políticos destinados a eternizarse, se llamen uribismo o correísmo. Son seguidos y detestados con el fervor de un equipo de fútbol y bloquean la renovación política necesaria para impulsar reformas. ¿Por qué no una retirada honrosa, la experiencia puesta al servicio de opiniones constructivas y más tiempo dedicado a la escritura, como sugiere para Uribe la exsenadora colombiana Piedad Córdoba?

El contraste es evidente con democracias más asentadas, donde la alternancia del poder se asume con naturalidad. Si apenas sabemos nada de los estrellados primeros ministros David Cameron o Theresa May en el Reino Unido es porque se han esforzado por hacerse invisibles. Incluso un líder que generó tanta división en Estados Unidos como George W. Bush mantiene una pulcra posición neutral sobre la política estadounidense, siguiendo el buen ejemplo de su padre al despedirse de la presidencia dejando a Bill Clinton una nota que decía: “No dejes que las críticas te desanimen o te aparten del curso. […] Tu éxito ahora es el éxito de nuestro país”.

Los verdaderos estadistas entienden que, más allá de ideologías o partidos políticos, gobernaron para toda la ciudadanía. Y que, de igual modo, su papel institucional como expresidentes debe ponerse al servicio del país, no de intereses partidistas. La esperanza de que ese perfil se imponga en España ha recaído en los dos últimos políticos que abandonaron el Palacio de la Moncloa, la residencia oficial.

José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, y Mariano Rajoy, del PP, apenas intervienen en asuntos nacionales y, si conspiran contra sus sucesores, lo disimulan mejor. El primero de ellos se ha centrado en una poco exitosa carrera como mediador internacional, un trabajo en principio adecuado para alguien con sus contactos y experiencia diplomática. Pero Zapatero ha malogrado su credibilidad en Venezuela, donde se ha convertido en un comodín internacional del régimen de Nicolás Maduro.

Mariano Rajoy, expulsado del poder tras una sentencia contra su partido por corrupción en 2018, sorprendió a todos cuando decidió solicitar su plaza como registrador de la propiedad. Desde entonces no muestra apego a su vida anterior y mantiene una discreción que se rompió brevemente al descubrirse que se saltó el confinamiento durante los peores momentos de la pandemia de coronavirus. Es aún pronto para saber si el desliz es parte del convencimiento de los expresidentes de que sus privilegios trascienden a sus mandatos o una prueba de que el político gallego busca con determinación volver a ser un ciudadano más: la policía multó a otros 1,2 millones de españoles por el mismo motivo.

El papel de los expresidentes, ahora regulado en sus beneficios, debería concretarse con una reforma legislativa que incluya un marco de incompatibilidades mientras sigan cobrando del Estado y más concreción sobre las ocupaciones con las que justifiquen esos sueldos. Pero al final del día, es el carácter de cada uno lo que determina si se convierten en un valor para las sociedades que lideraron o en molestos jarrones chinos. La lección para los votantes es que debemos escoger a líderes con generosidad democrática, suficiente humildad para alejarlos de la tentación de hacer sombra a sus sucesores, comprometidos con la renovación natural de la política y que contribuyan a hacer la democracia más dinámica, haciéndose a un lado cuando los ciudadanos les enseñan la puerta de salida.

David Jiménez es escritor y periodista. Su libro más reciente es El director. @DavidJimenezTW