Fallo: la reorganización libre de impuestos debe cumplir todos los requisitos legales

La Cámara achicó el amplio criterio de "realidad económica" que había fijado para definir que una reorganización societaria no debe pagar impuestos, y exigió que se cumpla el resto de las requerimientos específicos

Fallo: la reorganización libre de impuestos debe cumplir todos los requisitos legales

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal cerró en un fallo la amplia puerta que había abierto en el caso Paladini sobre reorganización societaria libre de impuestos, al apegarse más a la "acreditación del cumplimiento de ciertos requisitos legales", que a una simple interpretación del instituto que permite liberarse en materia impositiva por el mero hecho de tratarse de un “conjunto económico”.

En tal sentido, la Sala I de la Cámara rechazó el recurso interpuesto por la firma Mocalu S.A., confirmando de este modo el decaimiento de la reorganización societaria (escisión) de un grupo económico familiar, comentó Silvia Villarino, de PwC Argentina.

La Cámara falló así debido a que se incumplió el requisito vinculado al mantenimiento de la actividad por parte de la continuadora, durante un lapso no inferior a 2 años desde la fecha de la reorganización.

El contribuyente sostuvo en su defensa que la reorganización se había llevado adelante en el marco de un mismo conjunto económico, dado que se trataba de un negocio conformado por integrantes de una misma familia.

Dijo que en la reorganización societaria no había existido transferencia a terceros como consecuencia de la escisión, continuando los mismos familiares desarrollando la actividad inmobiliaria que venían efectuando desde 1971. 

La firma alegó que la reorganización societaria persiguió una finalidad económica y operativa genuina y no una meta puramente fiscal, considerando fundamental que la escisión se llevó adelante en el marco de un grupo económico familiar que no generó una nueva riqueza susceptible de ser gravada.

Enfatizó también que, con sustento en el fallo de la Corte Suprema en Frigorífico Paladini, debía prevalecer la realidad económica frente al formalismo en la evaluación de los requisitos exigidos en este tipo de procesos cuando se encuentra involucrado, como en este caso, un conjunto económico, relató Villarino.

La Cámara por su parte, fundamentó su decisión de rechazar la reorganización en el hecho de que la continuadora no pudo acreditar la efectiva prestación de servicios inmobiliarios durante los 2 años exigidos, mencionando como principales evidencias las siguientes, enumeró Villarino: 

-Presentó sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias e IVA en cero y no poseía acreditaciones bancarias ni surgían otros indicios de actividad

-Las únicas pruebas aportadas (tres facturas de proveedores) no eran suficientes para sostener que se desarrolló actividad empresarial sino que solamente probaron que efectuó gastos.

-El contrato de locación que presentó fue de fecha posterior al plazo exigido.

En cuanto al precedente Frigorífico Paladini, la Sala I sostuvo que la decisión de rechazar la reorganización no se contradice con el referido antecedente, porque en su entendimiento, el hecho de constituir un conjunto económico no obsta la necesidad de cumplir con el requisito vinculado al mantenimiento de la actividad, durante un lapso no inferior a 2 años desde la fecha de la reorganización.

Ese lapso es exigido por el artículo 77 de la ley para todas las reorganizaciones, y en el caso particular de Frigorífico Paladini había podido demostrarse a través de la realidad económica, precisó Villarino.

Por lo tanto, para rechazar la organización, la Cámara consideró relevante, aún para el caso de conjuntos económicos que acrediten fehacientemente el mantenimiento de la actividad por parte de la sociedad continuadora escindida.

Pero el contribuyente no pudo demostrar la realización de actividades propias y un real desarrollo de actividad económica

Al igual que en Frigorífico Paladini, la decisión de la Cámara se fundamentó en el principio de realidad económica conforme el cual para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se debe atender a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes, añadió Villarino.

Y concluyó que resta ahora esperar la opinión de la Corte Suprema de Justicia para saber si comparte el criterio expuesto por la Cámara.