Bolivia: el Gobierno se presentó como querellante en la causa por contrabando contra Mauricio Macri

La Aduana pidió ser parte del expediente por el envío de municiones que denunció el Poder Ejecutivo; Alberto Fernández supervisa las acciones

Bolivia: el Gobierno se presentó como querellante en la causa por contrabando contra Mauricio Macri

Con el objetivo de posicionarse como actor dentro de la investigación, el Gobierno, a través de la Aduana, pidió ser aceptado como querellante en la causa por el supuesto contrabando de armamento a Bolivia que tiene como imputado a Mauricio Macri.

Primero, la Casa Rosada había intentado ingresar con un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), lo que fue rechazado por el juez Javier López Biscayart. Desde entonces, activó la posibilidad de ingresar con ese rol pero través de la Aduana, que es parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Este nuevo intento podría tener éxito porque la Aduana está vinculada directamente con el delito de contrabando que se investiga en el caso. La figura del querellante le reconoce la posibilidad de intervenir en el expediente al “damnificado” por el hecho. Ser querellante es central en una causa, porque permite tener control de lo que sucede en el proceso, con acceso directo al expediente, tanto para conocer lo que allí sucede como para pedir medidas de prueba o apelar, en caso de que avance una decisión en contra de los intereses del Gobierno.

La avanzada del Ejecutivo en el caso comenzó el pasado 12 de julio, cuando denunció a Macri y parte de su gabinete ante el fuero Penal Económico. Fue cuatro días después de que el canciller boliviano, Rogelio Mayta, afirmó que en noviembre de 2019 “el gobierno de Mauricio Macri aportó material letal para que se pueda reprimir la protesta social y consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional en Bolivia”.

Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Mauricio Macri fueron denunciados por el Gobierno
Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Mauricio Macri fueron denunciados por el Gobierno

La denuncia llevó la firma de los ministros de Seguridad, Sabina Frederic, y de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, así como de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Ese escrito fue la formalización de una alianza fuerte, aunque con diferencias internas, que en la práctica incluye a otros referentes del Poder Ejecutivo. El propio Alberto Fernández sigue con atención el tema: desde el primer momento, fuentes oficiales coincidieron ante LA NACION en que solo se avanzaría judicialmente con aval presidencial. Ayer, los tres funcionarios incorporaron documentación, solicitaron medidas de prueba y presentaron una ampliación de la denuncia contra Macri y sus exministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, respectivamente.

La denuncia del Gobierno sostiene que Macri “puso material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de Estado realizado por las Fuerzas Armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales”.

Según la denuncia, el gobierno de Macri fue responsable de la “adulteración en las cantidades y destinaciones declaradas en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”, del material bélico. En tanto que los delitos a los que hace mención la denuncia incluyen contrabando agravado, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.

LA NACION